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Además de planes de continuidad operativa y construcciones resilientes ante desastres, una acción esencial para permitir una rápida recuperación después de un desastre de gran magnitud es asegurar la infraestructura esencial. Sin embargo, en Chile, la infraestructura estatal prácticamente no está asegurada, por lo que cualquier daño que sufra debe ser pagado directamente por el fisco, lo que impacta negativamente en impuestos y otros programas estatales.

Fotografía de portada: daños en los caminos de Concepción, marzo de 2010. Créditos: TuFragilidad

Un elemento clave en la calidad de la infraestructura crítica y en las pérdidas económicas asociadas a desastres y, por lo tanto, en la mitigación de pérdidas tanto directas como indirectas, es la cobertura de los seguros ante catástrofes. Según señala la OCDE en una revisión sobre estrategias y prácticas en gestión financiera de riesgos de catástrofes, el modelamiento y evaluación de riesgos entregan la información necesaria para desarrollar estrategias de financiamiento ante la ocurrencia de desastres.

En entrevista con Futuro Resiliente, Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), explica que el terremoto del 27 de febrero de 2010 fue el más costoso en la industria de seguros en el mundo en términos relativos al tamaño del mercado. Para ese entonces, las compañías de seguros recibían primas anuales totales de seguros generales del orden de 2.500 millones de dólares y tuvieron que pagar 6.500 millones de dólares por indemnizaciones después del terremoto. Es decir, alrededor de un 220% del total de la prima anual. Como comparación, el evento natural extremo más costoso para las compañías de seguro hasta ese entonces había sido el desastre provocado por el huracán Katrina en Nueva Orleans, en 2005, que costó alrededor del 30% del total de las primas.

El Estado chileno no tiene su infraestructura asegurada, por lo que la reconstrucción luego de un desastre de gran magnitud debe ser financiada totalmente con recursos públicos. Esto significa habitualmente un aumento de los impuestos y un desvío de recursos de otros planes y programas. «Nosotros creemos que un país […] como el nuestro debería considerar dentro de su presupuesto ordinario el pago de las primas de seguro para la infraestructura pública y a partir de ahí, cuando ocurren los siniestros, ya está pagada la prima del seguro, por lo tanto, el seguro se hace cargo de la reconstrucción o de poner los recursos necesarios para que se vuelva a parar la infraestructura y podamos comenzar a operar lo más rápidamente posible», dice Claude.

El sector de aseguradoras y reaseguradoras ha hecho importantes contribuciones al análisis de riesgo y vulnerabilidad de infraestructura. En Chile, la AACH desarrolló un mapa para identificar todas aquellas áreas que son susceptibles a impactos de sismos y tsunamis dentro de la economía, el cual se puso a disposición de Onemi en 2015.

Uno de los mayores desafíos de la industria aseguradora tiene que ver con que todos los actores del mercado estén preparados para un desastre y que los sistemas de operación se encuentren integrados: los procesos de denuncia, identificación del asegurado, carga de las pólizas, criterios de liquidación y pago de indemnizaciones requieren acuerdos previos, porque, una vez ocurrido el evento, resulta muy difícil lograrlos, dice en sus conclusiones un informe de la AACH. Y respecto a los demás actores, Claude reconoce que aún no están preparados: «Se requiere una instancia de coordinación mucho más fluida de la que tenemos. No es deseable que cada vez que se produzcan estas catástrofes cada uno de nosotros salga a hacer su trabajo sin coordinarse con los demás», dice Claude. Para solucionar este problema, él sugiere la creación de una instancia público-privada.

La entrevista completa y otros podcasts de nuestro especial sobre continuidad operativa estarán pronto disponibles en iVoox, Spotify y, por supuesto, en nuestro sitio web Conecta Resiliencia.

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