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Por Claudia González Muzzio y Claudia Cárdenas Becerra*
Imagen de portada: víctimas del terremoto esperando comida en las líneas de socorro. Créditos: Frank Scherschel/Life by Google


Chile ocupa el undécimo lugar entre los más expuestos a amenazas naturales entre 171 países[1]. Más aún, el 54% de la población nacional y un 12,9% de su superficie total se encuentra expuesta a tres o más tipos de amenazas[2]. En los últimos años, por ejemplo, diversas zonas del país se han visto afectadas por incendios (forestales y urbanos), erupciones volcánicas, aluviones, sequías, terremotos y tsunamis, por lo que nos enfrentamos constantemente al desafío de aprender de las experiencias y fomentar un enfoque de gestión del riesgo de desastres orientado hacia la resiliencia de las comunidades y los gobiernos locales[3].

Los municipios son las instituciones que se encuentran administrativa y territorialmente más cercanas a la ciudadanía, y tienen un conocimiento más directo de sus características y necesidades particulares. Cuando ocurre un desastre, incluso como la pandemia actualmente en curso a raíz del COVID-19, es a los municipios hacia donde primero recurre la población por ayuda y por respuestas, encontrándose en la “primera línea” durante la emergencia y también durante los procesos de reconstrucción y recuperación.

A propósito de conmemorarse este año los 60 años del terremoto de Valdivia —el más grande registrado hasta ahora, y que tuvo efectos a nivel mundial—, además de los 10 años del terremoto del 27F —que afectó a más de dos millones de personas en Chile— resulta necesario destacar los avances en la gestión de riesgos a nivel municipal y los desafíos futuros para promover territorios y ciudades más resilientes a los próximos eventos, incluyendo desde emergencias locales hasta los efectos del cambio climático o nuevas crisis sanitarias.

Especialmente en los diez últimos años, de han desarrollado numerosas iniciativas en pos de fomentar la resiliencia a nivel comunal y de los municipios en particular. Entre estas destacan, por ejemplo, la campaña de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres “Haciendo mi ciudad resiliente” y la campaña (finalizada) de la Fundación Rockefeller llamada “100 ciudades resilientes”, ambas a nivel mundial y que han fomentado la consolidación de redes de apoyo entre gobiernos locales, así como la institucionalización de la gestión integral del riesgo de desastres a nivel local.

A nivel nacional, en tanto, se han desarrollado proyectos para la reducción del riesgo en el ámbito comunal con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o de organismos para la cooperación internacional como la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Destaca especialmente la creación de una glosa presupuestaria en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo denominada “Programa de Prevención y Mitigación de Riesgos”, que permite financiar estudios y proyectos orientados a reducir los riesgos a nivel comunal, propuestos por los propios municipios a partir de las prioridades por ellos identificadas o basados en las recomendaciones de ONEMI a partir del análisis de los factores subyacentes del riesgo.[4]

Los efectos de estas iniciativas aún no han sido masivos, principalmente por la falta de capacidad técnica y/o económica de algunas municipalidades[5] debido a que, lamentablemente, la situación de los municipios es también un reflejo de las desigualdades socioterritoriales que caracterizan a Chile[6]. Cabe señalar que el Fondo Común Municipal busca mitigar en parte estas inequidades mediante el traspaso de un determinado porcentaje de los ingresos desde los municipios más ricos a los menos favorecidos.

A pesar de que hoy hay más conciencia que antaño respecto de la necesidad de reducir los factores subyacentes del riesgo a nivel comunal (especialmente las condiciones de vulnerabilidad y exposición a las distintas amenazas) y del relevante rol de los municipios en ello, la importancia que estos asignan a la gestión del riesgo (GDR) varía notablemente entre las distintas comunas, especialmente en aquellos municipios rurales o con menor cantidad de ingresos, que tienen capacidades mínimas para atender cualquier emergencia que pueda afectar a sus territorios.

No obstante, se observa que independientemente de lo anterior, el rol de liderazgo que tengan las autoridades locales, principalmente alcaldes, constituye un motor para la transformación institucional y la integración de políticas, planes y actividades orientadas a reducir los riesgos y aumentar la resiliencia de las municipalidades en cuanto instituciones y de las comunidades presentes en las respectivas comunas.

Así, hemos visto que tras el terremoto de 2010, por ejemplo, tomaron la delantera en cuanto a integración de la GDR a nivel local municipios como Talcahuano, San Pedro de la Paz, Lampa y luego Pudahuel, entre otros, y que durante la pandemia del COVID-19 también numerosos alcaldes y alcaldesas han tomado la iniciativa en el cuidado de la población local y han presionado al nivel central para la aplicación de determinadas medidas de respuesta a la emergencia, como es el caso de Puente Alto, La Pintana, Independencia, Recoleta, Arica, Coyhaique o Isla de Pascua, por nombrar algunos.

Un desafío importante que los desastres recientes ha evidenciado de manera recurrente es la necesidad mejorar el grado de incorporación de los riesgos en la planificación territorial, la necesidad de actualizar los instrumentos (como los Planes Reguladores Comunales y los Planes de Desarrollo Comunal) y abordar de manera integrada la exposición a amenazas naturales, los efectos del cambio climático y los que estamos experimentando más recientemente como la actual emergencia sanitaria global.

 

Sobre las autoras

Claudia González Muzzio. Consultora en planificación territorial y gestión de riesgos, con más de 20 años de experiencia. Claudia es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MSc en Medioambiente, Ciencia y Sociedad de la University College London, con especialización en gestión de riesgos y desarrollo sostenible. Gerente de Ámbito Consultores y miembro fundador de GRID Chile.

Claudia Cárdenas Becerra. Especialista en gestión de riesgos con 20 años de experiencia en toda Latinoamérica y el Caribe. Máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, con especialización en reducción de riesgos, educación y género. Miembro de LA RED y miembro fundador de GRID Chile.

 

Referencias

  • [1] Büdnis Entwicklung Hilft (2017). WorldRiskIndex Analysis and Prospects 2017. Berlín: Büdnis Entwicklung Hilft.
  • [2] Dilley, M.; Chen, R. S.; Deichmann, U.; Lerner-Lam, A. L.; Arnold, M.; Agwe, J.; Buys, P.; Kjevstad, O.; Lyon, B.; Yetman, G. (2005). Natural disaster hotspots: A global risk analysis (English). Washington, DC: World Bank. Ver
  • [3] Silva Bustos, N. (2020). Identificación de los Factores Subyacentes del Riesgo de Desastres en el Nivel Comunal en Chile. Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres REDER, 4(1), pp.21-34.
  • [4] Silva Bustos, N. (2020). Op. Cit.
  • [5] AMUCH (Asociación de Municipalidades de Chile) (2017). Municipios en la gestión de riesgo y emergencias. Santiago: Dirección de estudios de la Asociación de Municipalidades de Chile.
  • [6] González-Muzzio, C. y Cárdenas Becerra, C. (2019). Municipal resilience in Chile: from willingness to implementation. En Burayidi, M; Allen, A.; Twigg, J. y C. Wamsler (eds.) The Routledge Handbook of Urban Resilience, Londres: Routledge. Ver
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