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En enero de 2017, en una de las peores temporadas de incendios forestales en la historia de Chile, poblados enteros de la Región del Maule fueron completamente destruidos por el fuego. El proceso de reconstrucción implicó una cooperación público-privada y un trabajo codo a codo con una comunidad que sufría vulnerabilidades mucho más profundas que el simple nivel socioeconómico.

Por Jorge Román

Fotografía de portada: la localidad de Santa Olga el 2 de febrero de 2017. Créditos: EU Civil Protection and Humanitarian Aid/ECHO/Vladimir Rodas

«A las seis de la mañana me vine a Santa Olga. Cuando llegué, empecé a mirar de lado a lado y era como si hubiesen tirado una bomba, no lo podía creer. Llegué a mi casa, que todavía humeaba, y no quedaba nada, el fuego fue tan implacable que lo quemó todo, no había nada que pudiera llevarme por último de recuerdo. Lo más duro fue volver y tener que decirles a las niñitas que ya no había casa», cuenta a revista Paula Alejandra Núñez, quien habitaba en Santa Olga a fines de enero de 2017 (Villalobos 2018).

En esa fecha, una serie de incendios forestales que afectaron principalmente las regiones de O’Higgins, el Maule y Biobío alcanzó Santa Olga y otras localidades aledañas en la comuna de Constitución (La Tercera 2018). Todos esos poblados, rodeados de plantaciones forestales, desaparecieron entre las llamas. La devastación se llevó también sus trabajos: las comunidades dependían directa o indirectamente de las oportunidades laborales de la industria forestal (Allerton et al 2019).

Los incendios devastaron Santa Olga en apenas cuatro horas: solo una edificación se salvó. Prácticamente todos sus habitantes perdieron el hogar. Pero solo uno de ellos pereció: el resto fue evacuado preventivamente por las autoridades de la comuna, que proveyeron tres brigadas y varios buses para ello (Allerton et al 2019).

«Se nos quemó todo, mi peluquería a puertas cerradas, el taller del Rafa, todo. La gente me decía que no me preocupara de lo material, que todo se recupera, pero a mí me dolía porque todo lo que teníamos era fruto de años de sacrificio y trabajo. Entonces, no es tanto por lo material en sí, sino por el valor que le dábamos nosotros, por cómo lo conseguimos», relata Alejandra Dubó (Villalobos 2018). Ella y su pareja, Rafael Oliva, llegaron a Santa Olga casi 30 años atrás, cuando era una toma forestal. Antes del incendio, su casa tenía segundo piso, donde estaba la peluquería de Dubó, un subterráneo y un galpón donde funcionaba el taller mecánico de Oliva.

La respuesta de las autoridades y del sector privado fue rápida: Santa Olga y las demás localidades serían reconstruidas, pero no como antes. Previo al incendio, las viviendas de Santa Olga se consideraban oficialmente como zona rural y tenían acceso parcial o nulo a servicios básicos, con un porcentaje importante de personas que ocupaban terrenos de forma irregular. El objetivo de la reconstrucción fue darle a las nuevas viviendas todas las facilidades urbanas que se requieren en la actualidad y regularizar la propiedad de los terrenos.

Este es el escenario que empezó a estudiar Malo Hutson, académico de la Universidad de Columbia. Hutson y un grupo de estudiantes del Urban Community and Health Equity Lab de dicha universidad se dedicaron a analizar el proceso de reconstrucción de Santa Olga y las comunidades aledañas, un ejemplo de resiliencia ante desastres que les llamó profundamente la atención por su nivel de participación comunitaria y por la cooperación público-privada. Los resultados de este estudio están resumidos en el informe Chile. Disaster Management and Recovery. Urban Planning Studio, publicado por el Urban Equity Lab de la Universidad de Columbia (Allerton et al 2019).

Chile en llamas

La temporada de incendios forestales 2016-2017 fue la más catastrófica en la historia de Chile. Solo ese verano se quemaron 570.197 hectáreas, lo que supera toda la superficie devastada entre 2009 y 2016 (Conaf 2019). Los incendios fueron tan extensos que el humo se vio desde el espacio y cubrió los cielos de varias ciudades, incluyendo la capital (Diario El Centro 2017, El Dínamo 2017, El Mostrador 2017).

Centro-sur de Chile en enero de 2017. El humo de los incendios se apreciaba desde el espacio. Créditos: NASA.

Lo más preocupante es que este evento no es algo aislado. Los incendios forestales han ido en aumento en las últimas décadas (Úbeda y Sarricolea 2016), tanto en el área quemada, en su duración, su severidad y extensión de la temporada. De hecho, el área anual devastada por los incendios de gran tamaño (superiores a 200 hectáreas) ha crecido en más de un 80% en las dos primeras décadas del siglo XXI (González 2018). El cambio climático, las prácticas de uso de la tierra, la gestión de la industria forestal intensiva, el aumento de la densidad poblacional y la excesiva presencia de especies exóticas son algunas de las razones que se han dado para explicar esta situación. De hecho, el 60% de la superficie destruida por los incendios de 2016-2017 corresponde a plantaciones de especies exóticas (Úbeda y Sarricolea 2016, González 2018, González et al 2011).

El combate y la recuperación de los incendios forestales se vuelve cada vez más difícil debido a diversos factores ambientales asociados al cambio climático: los cambios en la humedad y la calidad de los suelos vuelven más lento el crecimiento vegetal y este requiere cada vez mayor intervención humana para ocurrir. Esto deja los terrenos afectados por incendios más expuestos a la erosión y los deslizamientos de tierra (Allerton et al 2019).

Además, los cambios del clima tienen más implicaciones para el manejo de incendios forestales, en parte porque dejan obsoletos (o, al menos, hace insuficientes) los conocimientos y la experiencia en gestión de desastres (Allerton et al 2019). Y, lo que es peor, a medida que aumentan las temperaturas promedio globales, la frecuencia estos eventos será mayor.

El renacer

Santa Olga está emplazada en medio de las plantaciones forestales de la empresa Arauco, pero no sigue el modelo tradicional de pueblo industrial: Arauco no proveía alojamiento ni servicios a sus trabajadores. Por ello, el pueblo se desarrollaba en forma paralela a las oportunidades laborales, lo que hacía a los habitantes (y al mismo pueblo) altamente dependientes del aserradero que funcionaba en la localidad.

El Nuevo Santa Olga: A 3 años de la catástrofe #ReportajesT13

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En 2017, Santa Olga tenía alrededor de 5.000 residentes, aunque solo unos pocos tenían títulos de dominio reconocidos por el Estado. El resto vivía en situaciones informales o casi informales. A esto se sumaba el hecho de que, oficialmente, Santa Olga era zona rural, lo que explicaba la falta de calles pavimentadas y aceras, así como un acceso parcial a agua potable, servicios sanitarios y electricidad (carencia que se acentuaba en las comunidades aledañas). Además, solo había una posta de salud que no atendía emergencias en forma permanente y tanto el centro comunitario como la escuela del pueblo no estaban preparados para un futuro crecimiento de la comunidad (Allerton et al 2019).

Pero, como destaca el informe de los estudiantes de Hutson, lo más complejo de Santa Olga son las oportunidades laborales. Como las plantaciones fueron destruidas por las llamas y Arauco ha mantenido una relación ambigua con el pueblo —sin responsabilidad legal ni fiscal sobre este—, la subsistencia de miles de personas estaba en suspenso.

Pese a ello, el Estado apostó por la reconstrucción. No solo eso: el enfoque fue rehacer las comunidades mejor de lo que eran. Las localidades antes conocidas como Santa Olga, Los Aromos, Altos de Morán y El Membrillo fueron combinadas en el nuevo pueblo de Santa Olga. Y si bien uno, dos o tres años es mucho tiempo para quienes lo perdieron todo en 2017, desde la perspectiva comparada la reconstrucción ha sido rápida y relativamente eficiente (Allerton et al 2019).

El compromiso del Estado no se limitó a levantar nuevamente las casas: también se instalaron servicios básicos (agua potable y electricidad), un nuevo jardín infantil y un colegio (el Liceo Polivalente Enrique Mac Iver), una posta rural con servicio de urgencia, un retén, una estación de bomberos, terminal de buses, plaza, calles pavimentadas y otros espacios urbanos. Gran parte de estos objetivos se han hecho realidad gracias a organismos públicos y organizaciones no gubernamentales como Techo y Desafío Levantemos Chile (Allerton et al 2019).

Santa Olga durante el invierno de 2019. Créditos: Magdalena Gil.

En el informe se muestra gran interés por la cooperación público-privada en la reconstrucción de Santa Olga a través del mecanismo de licitaciones públicas bajo estándares mínimos, en especial por el trabajo de Desafío Levantemos Chile. Esta ONG desarrolló múltiples diseños de hogar aprobados por el Minvu —muchos de ellos con electrodomésticos preinstalados— para que los habitantes escogieran, además del nuevo establecimiento educacional público, desarrollado con altos estándares, capaz de resistir nuevos desastres y preparado para el crecimiento del pueblo (Allerton et al 2019).

Un proceso participativo

El reporte, además, da cuenta de cómo funciona el proceso de reconstrucción. Luego de que Onemi declaró que el lugar donde se asentaba el pueblo de Santa Olga era seguro nuevamente, se realizó un proceso de limpieza de escombros y el Minvu se encargó de gestionar la reconstrucción. Los funcionarios del ministerio y de su respectiva secretaría regional evaluaron los daños, catalogaron las víctimas (cuidándose de no incluir a falsas víctimas, algo complejo considerando la informalidad de algunas de las viviendas) y determinó las pérdidas sufridas por cada familia. En este momento, el Minvu podría haber decidido iniciar la reconstrucción en otro sitio si la localización original presentara nuevos riesgos para sus habitantes. Pero en el caso de Santa Olga se decidió no relocalizar para evitar una revictimización.

El trabajo conjunto con la comunidad fue esencial para identificar a las víctimas, mapear el pueblo, planificar las edificaciones y reconstruir. El proceso fue rápido y eficiente en el caso de Santa Olga por varios factores. Primero, el hecho de que el pueblo fuese considerado zona rural y  los servicios fuesen accesibles solo a una parte de sus habitantes dejaba espacio para mejoras sustanciales en la calidad de vida. Segundo, el fuego prácticamente no dejó escombros (a diferencia de lo que habría ocurrido con un terremoto o un tsunami), lo que redujo a prácticamente cero el tiempo de limpieza del área y reparación de infraestructura dañada. Tercero, la reconstrucción pudo empezar mucho antes porque casi no fue necesario reparar sistemas de agua potable y alcantarillado, tendido eléctrico y calles. Finalmente, como no había necesidad de respetar un plan regulador o una unidad arquitectónica original, Santa Olga presentó la oportunidad de diseñar y planificar una comunidad desde cero y codo a codo con sus habitantes, lo que permitió crear el pueblo en el que deseaban vivir.

El trabajo de las ONG y otros privados se realizó bajo la supervisión del Minvu e implicó también un reforzamiento de las medidas de prevención para reducir el riesgo de desastres a futuro. De hecho, dos años después del incendio, los funcionarios del Serviu continuaban encontrándose mensualmente con los habitantes del nuevo pueblo de Santa Olga y las comunidades aledañas. El informe de los estudiantes de Hutson destaca que este compromiso con la comunidad y con la planificación de resiliencia futura es un modelo que podría servir a otras naciones a medida que se preparan para el aumento de riesgos asociados al cambio climático.

Pese a ello, el levantamiento de Santa Olga no ha estado exento de problemas y desafíos, muchos de ellos ligados al funcionamiento de las políticas públicas. Por ejemplo, el Estado consideraba a las víctimas como familias nucleares, pero muchas veces se enfrentaba a individuos o familias «no tradicionales», como familias separadas no divorciadas o hijos que querían independizarse y vieron en la reconstrucción una oportunidad para hacerlo. A veces, las mujeres elegían casas más pequeñas a las que podrían necesitar por el tamaño de su grupo familiar porque las más pequeñas (ofrecidas por Desafío Levantemos Chile) tenían electrodomésticos preinstalados. Las familias muy numerosas también tendían a ser perjudicadas, ya que los subsidios de reconstrucción tenían un límite que no dependía del tamaño del grupo familiar (Allerton et al 2019). Por ello, muchas familias numerosas prefirieron postular como núcleos, aunque eso a veces significó que parte de la familia terminó viviendo en otro sector del pueblo.

Otro problema tiene relación con una constante en todo Chile: la desconexión entre el Estado y la población. Según consigna el informe, en 2006 solo el 12,7% de los chilenos afirmaba que se podía confiar en la mayor parte de las personas: el resto tendía a desconfiar de los demás. Si esta falta de cohesión social se combina con un gobierno central poderoso y jerarquizado (como el chileno), que opera a nivel nacional y local, hay una tendencia a fragmentaciones sociales profundas en situaciones de desastre gatillados por eventos naturales extremos (Allerton et al 2019).

Aun así, el caso de Santa Olga es excepcional, ya que su capital social es particularmente alto: de hecho, es gracias a su gran nivel de organización social que han podido acelerar y optimizar el proceso de reconstrucción. El documento destaca que las instituciones encargadas de gestionar las emergencias y la reconstrucción tienen amplia experiencia y facilidad de adaptarse a las particularidades de cada situación: «El manejo del 27F [el terremoto del Maule de 2010] muestra la experiencia, la historia y el compromiso de adaptación que tiene el gobierno de Chile hacia los desastres», de acuerdo con los estudiantes de Hutson (Allerton et al 2019).

Vulnerabilidad multidimensional

A medida que aumentan los efectos del cambio climático, los incendios forestales se hacen más frecuentes y destructivos, y la temporada de incendios dura más (Allerton et al 2019, Úbeda y Sarricolea 2016, Jolly et al 2015). Es decir, es muy probable que la comunidad de Santa Olga y sus alrededores no sea la última víctima de un desastre como el de enero de 2017: hay muchos otros pueblos y comunidades que dependen de la industria forestal para subsistir.

De acuerdo con el informe, la vulnerabilidad de comunidades como la de Santa Olga debe ser abordada de forma múltiple: hay vulnerabilidad por nivel socioeconómico, por la fragilidad de los puestos de trabajo y, antes de la reconstrucción, por la precariedad de los servicios básicos. Pero también hay vulnerabilidad de género y por la constitución de las familias: las mujeres suelen llevarse la carga más pesada al ser quienes, por rol tradicional, deben hacerse cargo de niños, ancianos y personas en situación de discapacidad (Allerton et al 2019). Los trabajos de medio tiempo, donde se desempeñan principalmente mujeres, son los primeros en ser eliminados en tiempos de estrés financiero.

A esto se suma la destrucción de jardines infantiles y salas cuna, lo que dificulta mucho el regreso de las mujeres al trabajo después de un desastre de este tipo. Es más: en Chile, las mujeres son quienes más sufren en oportunidades laborales luego de un desastre. Luego del terremoto del 27F, un 45% de los trabajos perdidos los desempeñaban mujeres, pero un 85% de los trabajos creados se los dieron a hombres, por lo que las mujeres tuvieron una pérdida neta de 60% de trabajos a causa del desastre (Allerton et al 2019). En el caso particular de Santa Olga, eran numerosas las familias en las que solo la madre u otra mujer es la jefa de hogar.

Aun así, las mujeres de Santa Olga alcanzaron altos niveles de liderazgo: fueron las mujeres involucradas en las agrupaciones vecinales las que mantuvieron enrielado el proceso de reconstrucción luego del cambio de gobierno en marzo de 2018. Las mesas vecinales de reconstrucción estuvieron lideradas exclusivamente por mujeres. Y el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconoce que las mujeres son el «motor» del ministerio.

Pese a su reconocido liderazgo en momentos de crisis, en Chile hay una gran falta de mujeres líderes reconocidas formalmente o legitimadas con el pago de su trabajo. De hecho, la presidenta de la junta de vecinos de Santa Olga, Mónica Sepúlveda, trabajaba como inspectora de buses antes del incendio, pero perdió su trabajo porque su jefatura esperaba que volviera a trabajar dos días después de que el fuego destruyera toda su comunidad. Otra dirigenta vecinal, Loida Aros Medina, trabajó por casi 20 años en la red pública de salud y solo pudo volver a su trabajo varios meses después del desastre. Las dos mujeres trabajaron en forma voluntaria, pese a lo limitado de su tiempo y lo precario de su situación, para ayudar a reconstruir las redes sociales de su comunidad, para organizar apoyos a los residentes más necesitados y para colaborar con el gobierno en la ejecución de los proyectos territoriales (Allerton et al 2019).

Ejemplos como el de Santa Olga refuerzan la necesidad de considerar una multiplicidad de factores cuando hablamos de vulnerabilidad ante desastres. No basta con las grandes cifras o el ingreso per cápita: generar un país resiliente implica entender todas las vulnerabilidades e incorporar a las comunidades en los procesos de prevención, mitigación, adaptación y reconstrucción. Tal como concluye el reporte del equipo de Hutson, «si bien los desastres pueden ser trágicos y devastadores, también pueden forzar a la sociedad a reexaminar de forma crítica sus valores y sus acciones» (Allerton et al 2019).

Referencias

Allerton C, Cheng P, Dickinson G, Flamenco E, Han Y, Le R, et al. Chile. Disaster Management and Recovery. Urban Planning Studio. Columbia GSAPP, Urban Community and Health Equity Lab; 2019 Primavera p. 55.

Conaf. Ocurrencia y daño histórico nacional de incendios forestales 1964-2019 [Internet]. Corporación Nacional Forestal (Conaf); 2019 ago [citado 4 de septiembre de 2019]. Disponible aquí.

Diario El Centro. Curicó marcó preemergencia ambiental a causa de los incendios forestales. Diario El Centro [Internet]. 24 de enero de 2017 [citado 4 de septiembre de 2019]; Disponible aquí.

El Dínamo. Antes y después: impactante diferencia en el cielo de Talca en sólo dos horas de incendio. El Dínamo [Internet]. 26 de enero de 2017 [citado 4 de septiembre de 2019]; Disponible aquí.

El Mostrador Vida. Humo en Santiago: ¿alerta ambiental? El Mostrador [Internet]. 19 de enero de 2017 [citado 4 de septiembre de 2019]; Disponible aquí.

González M. El nuevo escenario de los incendios en Chile. El Mercurio [Internet]. 30 de octubre de 2018 [citado 5 de septiembre de 2019]; Disponible aquí.

González ME, Lara A, Urrutia R, Bosnich J. Cambio climático y su impacto potencial en la ocurrencia de incendios forestales en la zona centro-sur de Chile (33o – 42o S). Bosque (Valdivia). 2011;32(3):215-9.

Jolly WM, Cochrane MA, Freeborn PH, Holden ZA, Brown TJ, Williamson GJ, et al. Climate-induced variations in global wildfire danger from 1979 to 2013. Nat Commun. noviembre de 2015;6(1):7537.

La Tercera. Santa Olga: un año después de la catástrofe. La Tercera [Internet]. 26 de enero de 2018 [citado 4 de septiembre de 2019]; Disponible aquí.

Úbeda X, Sarricolea P. Wildfires in Chile: A review. Global and Planetary Change. noviembre de 2016;146:152-61.

Villalobos A. El renacer de Santa Olga. Paula [Internet]. 21 de septiembre de 2018 [citado 4 de septiembre de 2019]; Disponible aquí.

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